La Constitución Política de 1991 significó para la vida institucional de nuestro país y para el diario transcurrir de los colombianos, un profundo cambio en las costumbres y tradiciones jurídicas que durante largo tiempo imperaron en nuestro medio. Sin lugar a dudas, la institución que más ha influido en ese cambio es la pretensión de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta; con ella, por primera vez se dotó a los asociados de un mecanismo judicial rápido, eficaz y de fácil acceso, para obtener del aparato jurisdiccional la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas e incluso de los particulares.