Este artículo examina el Principio de Legalidad en el contexto de la ley de telecomunicaciones venezolana, particularmente después de la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ("LOTEL"). Explica que la noción clásica de legalidad, donde los actos del poder público deben alinearse estrictamente con la ley formal, se ha ampliado para abarcar un "bloque de legalidad", incluidas las regulaciones y otros actos normativos, para facilitar la intervención administrativa en la economía. Un tema central es la "deslegalización", donde la LOTEL delega una importante autoridad regulatoria a la Administración, lo que le permite limitar la libertad económica y establecer requisitos para autorizaciones administrativas e incluso fijar tasas impositivas (alícuotas) a través de actos sublegales, incluso en áreas tradicionalmente reservadas para la ley formal. Esta delegación se justifica por la necesidad de una regulación rápida y experta en el sector de las telecomunicaciones, que cambia rápidamente, aunque requiere que la ley proporcione parámetros básicos para la acción administrativa. En última instancia, se concluye que si bien la Administración gana flexibilidad, sus acciones permanecen enmarcadas y limitadas por los principios generales establecidos en el LOTEL y el marco legal más amplio.
